El exministro de Planificación federal, Julio De Vido, fue llamado a declarar el 28 de noviembre por la causa de la mina de Río Turbio.
Así lo decidió el juez federal Luis Rodríguez que además llamó a indagatoria a otras 36 personas posiblemente involucradas en la malversación de 26 millones de pesos pertenecientes a los fondos destinados a modernizar la mina situada en Santa Cruz y a construir la Usina Termica.
Además les prohibió la salida del país y dispuso la intervención de la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC), involucrada en el desvío de fondos, que depende de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
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