No existen o en sus direcciones no se cumplia con dicha actividad. Uno de ellos estaba en un country.
El Gobierno denunció que casi la mitad de los comedores comunitarios financiados durante la gestión de Alberto Fernández no pudieron ser auditados debido a que no existen o sus direcciones no son de centros de asistencia social, llegando al extremo de que uno de ellos declaró funcionar en lugar en el que hay un country.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una denuncia judicial en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. El caso fue asignado al juzgado federal de Ariel Lijo, quien es candidato del Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia.
En la denuncia por “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública”, se expresa que “casi el 50% de los comedores a los que asistía el Gobierno anterior eran inexistentes y uno ‘funcionaba’ en un country”.
“De la totalidad de los comedores “sólo se pudieron relevar la mitad 52,3%”. El restante 47.7% no pudieron relevarse debido a que: el 32% no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos) y casi el 16%, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero”.
“La falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer no puede ser ‘rifada’ sin control so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos”.
“La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, y/o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”.
La legislación vigente impone que los funcionarios que autorizaban la salida de alimentos para los sectores más vulnerables de la sociedad debían controlar a qué lugar iban la comida, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas asistían.
Algunos de los comedores inexistentes que figuran en la denuncia son: “Pequeños Gigantes de Quilmes”; “Conquistando Sonrisas”; “Cielos Abiertos”; “Luz de Luna de Pereyra”; “Los Peques de San Alberto”; “Esperanza” y “Luz y Esperanza”.
La ex cartera social encargada de proveer alimentos a los comedores estuvo a cargo de los actuales diputados nacionales de Unión por la Patria, Daniel Arroyo y Victoria Tolosa Paz y del ex intendente de Hurlingham, Juan Horacio Zabaleta.
