El juez federal Julián Ercolini procesó a Alejandra Gils Carbó por «administración fraudulenta» en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación (PGN) por $44 millones, donde se pagaron comisiones de $3 millones al hermano del subdirector general del organismo. También la embargó por $ 7 millones.
El hermano del subdirector general de la Procuración, Guillermo Bellingi, quien cobró 3 millones de pesos en concepto de comisión por la operación inmobiliaria, también quedó procesado.
El fallo fue firmado por el juez federal quien procesó a la alta funcionaria por el delito de adminsitración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
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