Diálogos tensos.
Son 72 páginas de trascripción textual y hay fragmentos donde quedó plasmada la tensión entre las partes y también cierto fastidio de la jueza Loretta Preska con este caso y la postura del país en un juicio que lleva una década cursándose en su estrado.
Se trata de la audiencia en el juzgado donde se lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF, donde ya se condenó en primera instancia al país a pagar más de USD 16.000 millones
En el encuentro de entre la jueza y los abogados de los estudios que representan a Burford Capital y otros querellantes –Levine Lee, King y Spalding y Kellogg, Hansen, Todd, Figel y Frederick– y el de Argentina –Sullivan & Cromwell– se decidió pedir emails, WhatsApps y otros mensajes de los últimos dos ministros de Economía de Argentina, Sergio Massa y Luis Caputo, quieren demostrar que el Estado y la empresa son lo mismo (la figura del alter ego) y de esa manera poder embargar los activos no sólo de la petrolera sino también de otras empresas y hasta el Banco Central.
Volvió un tema que ya había sobrevolado este juicio que lleva 10 años: los querellantes quieren saber dónde está el oro que el Banco Central envió al exterior desde el país el año pasado para, eventualmente, embargarlo. Para eso exigieron conocer la documentación del ministro Caputo quien, aseguran, habló públicamente del tema y, por lo tanto, sabe dónde quedaron depositados esos activos del Estado.
Si bien los defensores aseguraron que el BCRA no está dentro del caso, la jueza aseguró que no acepta esa excusa y que Caputo debería figurar como fuente de información. Cuando los defensores dijeron que se buscó documentación para encontrarlo y no encontró nada, la jueza fue contundente: “Porque no buscaron en el banco”.
Preska aceptó que el Gobierno debe dar datos sobre el oro y que Caputo podría tener la información. Cuando la defensa argumentó que son dos temas separados, BCRA y gobierno, ella dijo que el ministro igual debe informar y, que si no lo hiciera, parece dispuesta a analizar un llamado a declaración.
Seth Levine, abogado de Levine Lee, uno de los estudios que representan a Burford –un litigation funder que cotiza en Londres y Wall Street y compró los derechos a litigar en este caso hace varios años–, lo dijo claro: “Todavía no pudimos obtener ni un solo documento ni una sola pieza de información sobre cómo el oro salió de Argentina. Esto es una búsqueda del tesoro. Tienen el mapa del tesoro y ni siquiera nos dejan encontrar el oro. Es ridículo. Quiero saber quién sabe sobre el oro. Ya dije quién es. Es Luis Caputo, porque habló sobre el oro en los medios”.
“Déjenme tener a quien más sepa, y llegaremos al fondo de esto. Literalmente, sobre dónde está el oro”, agregó.
Y citó al ministro cuando dijo “creo que tomamos una gran decisión sobre el oro”. O sea, según su razonamiento, no puede decir eso y no saber dónde está.
De la transcripción también se desprende, por caso, que la jueza no aceptó que la información que entregue Argentina sobre chats, mensajería y otros documentos de actuales y anteriores funcionarios sea secreta y que las partes deben explicar por qué quieren que lo sea. No fijó umbrales económicos para búsqueda de activos argentinos en el exterior (primero quiere identificar las fuentes centralizadas de datos) y exigió que las partes acuerden cómo excluir información de defensa o inteligencia sin impedir el seguimiento de fondos que los demandantes quieren conseguir.
Se piden detalles de cuentas bancarias y relaciones con China, fideicomisos del Estado y privatizaciones planeadas. Todo parece ser objeto “embargable”. Eso reclaman los demandantes y eso parece interpretar la jueza, que como no se cumple su fallo condenatorio, está dispuesta a accionar para que los ganadores cobren, o el Estado negocie con ellos.
Vale recordar que esa causa “madre”, el fallo en primera instancia, está apelada ante la corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, tribunal en el que recién para fines de octubre se citó a las partes para que presenten argumentos orales.
