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viernes 16 de abril, 2021
Política

Presidente Fernández. Temas principales que anunció en la Asamblea Legislativa.

Fuerte cambio de opiniones entre oficialistas y opositores.


El presidente Alberto Fernández anunció al inaugurar el 139° período de sesiones ordinarias del Congreso, que dio instrucciones para iniciar querella a fin de determinar «los autores y partícipes» del endeudamiento externo.

«Debíamos enfrentar el incendio sabiendo que otros habían terminado con el agua», dijo en el inicio de su discurso, que se extendió por el término de 1 hora y 50 minutos.

«A pesar de este panorama, y gracias al aporte solidario de millones de argentinas y argentinos, pudimos desplegar medidas sanitarias, económicas y sociales», remarcó.

«Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país es necesario que endeudarse no sea gratis», subrayó.

«Que los responsables (de endeudar al país) rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes, dando clases de economía en el país y en el mundo», agregó.

El Presidente informó que había instruido «para que las autoridades pertinentes formalmente inicien querella criminal» contra los «autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».

«Ahora sabemos, por boca del mismísimo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (por Mauricio Claver-Carone, hoy titular del BID) que la administración Trump impulsó el otorgamiento de semejante préstamo para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección», recordó.

«Cualquier razón se volvió válida para incitar banderazos y romper los protocolos impuestos con la sola idea de deteriorar la credibilidad del gobierno», señaló Fernández.

«También albergo el deseo que quienes, tras el disfraz de la objetividad, preservan intereses de poderes concentrados, adviertan el daño que están haciendo en la misma sociedad en la que dicen querer desarrollarse», cuestionó.

«Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca», sostuvo.

«No somos infalibles», afirmó y en agradeció «de corazón» a quienes, de buena fe, marcan errores, equivocaciones o fallas de su administración.

«Las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad del Presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato», reafirmó.

«Aun cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían», agregó.

«Ningún gobierno de la tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad», sostuvo.

Se concentró en los temas judiciales y en las reformas institucionales, para lo cual recordó que su gestión había intervenido la AFI «prohibiendo que cualquier agente del organismo se vincule a cuestiones de seguridad interna o estrictamente judiciales».

«Esperaba que con eso se iniciara un derrotero que echara luz en los sótanos de la democracia, de los que entonces hablé, pero lamentablemente no fue así», consideró.

«Viendo todo esto y con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial», sostuvo.

«Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de Justicia de nuestra República. No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado», dijo.

Una de las medidas que anunció es la idea «de promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías».

«Tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y se podrá llegar por vía del recurso extraordinario», detalló.

«La Corte podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución expresamente le ha dado», fundamentó.

Enviará al Parlamento un proyecto de ley que declare la «emergencia de servicios públicos y regulados», con el objetivo de «desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos».

«Más tarde negaban la existencia de la pandemia y nos acusaban de ser parte de un complot universal para mantener encerrada a la gente. Algunos sectores se han esforzado por generar incertidumbre y desánimo lanzando petardos cargados de falacias», puntualizó.

«Todos ellos, poco tiempo después y para el asombro colectivo, alzaron sus dedos acusadores reclamando que el supuesto ‘veneno’ (por la vacuna rusa Sputnik V) que administrábamos era insuficiente», recordó el mandatario.

«El programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso para garantizar la sostenibilidad y la transparencia como políticas de Estado», recalcó.

Pidió que los femicidios sean tratados como una cuestión de Estado.