El Gobierno detectó irregularidades con los fondos destinados para viviendas y a partir de ahora reforzará el control para quienes se los otorgan.
Para que los $31.000 millones destinados a las viviendas lleguen efectivamente a quienes lo necesitan, el Gobierno decidió centralizar el control de los fondos que reciben los gobernadores para la construcción y el otorgamiento de viviendas sociales.
Ahora los gobernadores deberán entregar un listado de beneficiarios antes de recibir el dinero.
Esta medida austera fue transmitida por el ministro Rogelio Frigerio, a los titulares de los Institutos Provinciales de Vivienda (IPC) de todo el país, reunidos en San Juan en el contexto del Consejo Nacional de Vivienda.
“Viviendas que estaban previstas para aquellos que no pueden acceder a un crédito iban para gente de clase media o se utilizaban para hacer política. La idea es terminar con ese uso discrecional de los fondos y las viviendas“, sostuvieron autoridades gubernamentales.
La inminente puesta en marcha de la Base Única de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales lleva como objetivo declarado “evitar los abusos“.
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