La Procuraduría General de Brasil hizo pública por primera vez una exigencia: el material sobre la firma Odebrecht sólo llegará hasta la Argentina si las autoridades se comprometen a no iniciar procesos judiciales contra los ejecutivos de la empresa que brindaron la información.
La exigencia pronunciada, hace “casi imposible” que se llegue a un acuerdo, confesó una fuente judicial tras el encuentro que duró poco más de dos horas. La reunión fue tan introductoria que los brasileños ni siquiera llegaron a plantear este requerimiento en el diálogo entre las partes.
Por otra parte, el acuerdo es impracticable en estas condiciones porque la legislación argentina exige a los fiscales perseguir siempre a los individuos que cometen delitos, es decir, iniciarles procesos más allá de su colaboración con la Justicia.
La ley del arrepentido, única herramienta para este tipo de casos, presenta otras limitaciones, como una reducción de la pena hasta la mitad, pero siempre con una acción judicial contra el delator que, en este caso, serían los empresarios que le pagaron los sobornos a los funcionarios argentinos.
En la reunión también se analizaron otros ejes: en primer lugar, los pedidos realizados por fiscales y jueces argentinos para obtener la información; todos están activos y son analizados en este momento por los funcionarios brasileños, informaron fuentes judiciales.
Pero cuando llegaron al tema de Odebrecht, los brasileños sólo brindaron información introductoria. Ni siquiera mostraron a los argentinos los acuerdos de “delación premiada” que generaron el 99% de la información sobre la investigación del Lava Jato en Brasil.
En esas declaraciones, además, aparecen varias menciones a las operaciones ilegales realizadas en la Argentina. La compañía brasileña ya confesó ante la justicia de Estados Unidos que pagaron al menos U$ 35 millones de sobornos en nuestro país.
