Las imputaciones fueron rechazadas por el Gobierno.
Familiares del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado a tiros, presentaron una demanda contra el Gobierno y las autoridades de la Policía por el delito de “asesinato por omisión dolosa”.
Con el argumento de que las instituciones no garantizaron la protección del periodista candidato.
El abogado Marco Yaulema explicó que Villavicencio había sido amenazado múltiples veces por criminales incómodos con sus denuncias periodísticas, por lo que debía tener un mayor esquema de seguridad cuando un sicario le disparó a la salida de una escuela de Quito.
Yaulema responsabilizó de su desprotección al presidente Guillermo Lasso, al ministro del Interior, Juan Zapata; al comandante de la Policía, el general Fausto Salinas; y al jefe de Inteligencia, Manuel Samaniego.
La familia juzga que el número de custodios de Villavicencio no era el adecuado y denuncia que el conductor del vehículo no estaba frente al volante.
