Tras una serie de delitos cometidos por bandas de adolescentes, especialmente un hecho investigado como violación grupal .
Consejo de Ministros italiano decretó penar con hasta dos años de prisión a los padres que no envíen a sus hijos a la escolarización obligatoria.
Es dentro de un paquete de medidas para frenar la criminalidad juvenil.
El ministro de Justicia, Carlo Nordio presentó en conferencia de prensa el denominado decreto con “medidas urgentes para combatir el malestar juvenil, la pobreza educativa y la delincuencia juvenil”.
“Responsabilizando así a los padres creemos que ayudamos a los menores”, dijo Nordio, al ilustrar uno de los 14 artículos del decreto con el que el Gobierno busca atacar la “plaga de la criminalidad juvenil”.
“Buscamos conjugar la necesidad de la represión de la delincuencia juvenil con la necesidad de consentir a los que cometieron crímenes de tener un recorrido no solo punitivo, sino reeducativo”, agregó el ministro.
Es parte de la respuesta del Ejecutivo que conduce Giorgia Meloni a una serie de delitos cometidos por bandas de adolescentes, especialmente un hecho investigado como violación grupal sobre dos niñas de 10 y 12 años en las afueras de Nápoles, además de un ataque sexual contra una joven de 19 años por parte de un grupo de siete adolescentes en Sicilia.
Se indica en la introducción, de la “extraordinaria necesidad y urgencia de planificar intervenciones infraestructurales para hacer frente a situaciones de degradación, vulnerabilidad social y penuria juvenil en el territorio del municipio de Caivano”, donde se cometió el ataque a las dos niñas.
