Santo en la Web y en la Red

28 de marzo, 2024

Rey Emérito Juan Carlos de España. El Tribunal Superior de Londres no le otorga inmunidad legal ante la demanda de una de sus ex amantes.

El juicio seguirá adelante. El ex monarca tiene un prohibición legal acercase a 150.metr9s de alguna de las residencias de Corinna zun Sayn-Wittgenstein

El Tribunal Superior de Londres dictó que el rey emérito Juan Carlos I no tiene inmunidad legal en Inglaterra, tal como este reclama como miembro de la familia real española, tras su abdicación y, por tanto, puede proceder la demanda por acoso, seguimiento ilegal y difamación interpuesta en su contra por su examante la danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

“Cualquiera que sea el estatus que tenga el acusado según la ley y la Constitución españolas, ya no es un soberano o un jefe de Estado que le otorga inmunidad personal”, dijo el juez Matthew Nicklin, quien declaró la competencia de la jurisdicción inglesa para examinar la denuncia de la examiga del rey.

El tribunal también señala que el presunto acoso del que se le acusa “no entra en el ámbito de la actividad gubernamental o soberana”.

“Mi decisión es que no se ha demostrado ninguna de las bases por las que se reclamó la inmunidad estatal. Por lo tanto, la demanda procederá”, afirma en su dictamen el magistrado, que ha fijado una nueva audiencia para el 29 de marzo para analizar estas acusaciones sobre hechos desde la ruptura en el 2012 de su relación, que entablaron en el 2004.

Nicklin escuchó el pasado diciembre los argumentos de las partes. Los abogados del padre del Rey defendieron su inocencia y sostuvieron que no podía ser procesado al ser miembro de la Familia Real española y sus actos cometidos en parte cuando aún era rey de España.

Los representantes de Corinna alegaron por su parte que, tras su abdicación el 18 de junio de 2014, don Juan Carlos ya no está protegido por la inmunidad que se confiere a los jefes de Estado al amparo de la legislación británica.

Corinna Larsen demandó a finales del 2020 al rey emérito ante el Tribunal Suprior de Londres y solicitó, además de ser indemnizada por la “vigilancia ilegal” que sufrió de los servicios secretos españoles, que el ex jefe del Estado no se pudiera acercar a 150 metros de ninguna de sus residencias.

En la denuncia, que se conoció el pasado julio, la empresaria acusó al Juan Carlos de Borbón y a los servicios secretos españoles de “vigilancia ilegal” en el Reino Unido y de hostigarla desde 2012 mediante amenazas, difamación y espionaje encubierto.

Seguir leyendo