Regresará a Australia.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se declarará culpable de un delito grave en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo librará de la cárcel y resolverá una larga saga legal que se extendió por varios continentes.
Se centró en la publicación de una gran cantidad de documentos clasificados.
Está previsto que Assange comparezca ante el tribunal federal de las Islas Marianas, una mancomunidad estadounidense situada en el Pacífico occidental, para declararse culpable de un cargo de la Ley de Espionaje por conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada de defensa nacional, según informó el Departamento de Justicia en una carta presentada ante el tribunal.
La declaración de culpabilidad, que debe ser aprobada por un juez.
Los investigadores han afirmado en repetidas ocasiones que sus acciones infringieron leyes destinadas a proteger información sensible y pusieron en peligro la seguridad nacional del país, mientras que muchos defensores de la libertad de prensa que afirmaban que actuaba como periodista para sacar a la luz las irregularidades de distintos gobiernos.
Se espera que regrese a Australia tras su declaración de culpabilidad y la sentencia, prevista en Saipán, la mayor isla de las Marianas. Se hará allí debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a la proximidad del tribunal a Australia.
El acuerdo garantiza que Assange admitirá su culpabilidad, al tiempo que le libra de cualquier pena de prisión adicional.
Ha pasado años escondido en la embajada de Ecuador en Londres después de que las autoridades suecas pidieran su detención por acusaciones de violación antes de ser encerrado en el Reino Unido.
Los fiscales han acordado una condena de los cinco años que Assange ya ha pasado en una prisión británica de alta seguridad mientras lucha por evitar su extradición a Estados Unidos para hacer frente a los cargos, un proceso que se ha desarrollado en una serie de vistas en Londres.
El mes pasado, ganó el derecho a apelar una orden de extradición después de que sus abogados argumentaran que el gobierno de Estados Unidos proporcionó garantías “manifiestamente inadecuadas” de que tendría las mismas protecciones de libertad de expresión que un ciudadano estadounidense si era extraditado desde Gran Bretaña.