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domingo 27 de septiembre, 2020
Invitado

ALEJANDRO FARGOSI. Una reforma judicial que solo tiene un objetivo: la impunidad.

Anclados en el pasado, los argentinos vemos otra vez un intento kirchnerista para dominar al Poder Judicial, tal como hicieron en Santa Cruz e intentaron a nivel nacional.

Es una versión 2020 de la “democratización de la justicia” del 2013, que con los juicios de inconstitucionalidad que algunos iniciamos contra ella, fue demolido en Tribunales.

Por mencionar solo algunos aspectos, digamos que se repite esta obsesión kirchnerista por dominar a los jueces y a los medios, que la sinceridad kirchnerista no oculta: quieren crear cientos de cargos de jueces, fiscales y funcionarios de diferentes niveles y su colateral inmensa burocracia, con sueldos, garantías y privilegios de niveles superiores a los de cualquier multinacional exitosa. Allí pondrán a los suyos, que los protegerán de las leyes que se nos aplican al resto.

Esto lo quieren hacer en la jurisdicción federal, que tiene dos características.

Allí se tramitan las causas por corrupción, donde la familia Kirchner y su círculo están imputados con muchísimas pruebas en su contra.

Pero dejando de lado el flagelo de la droga, en el fuero federal no se tramita casi nada de lo que agobia a la gente en su vida cotidiana. Nuestros vía crucis judiciales con su lentitud, ineficiencia y demás defectos pasa por juzgados nacionales y provinciales en lo penal, civil, comercial, laboral, administrativa y fiscal. Pero no por el fuero federal.

Esta reforma redistribuye algunos magistrados y funcionarios existentes, pero curiosamente, mezclando competencias y jurisdicciones cuya diferencia es la que usan para justificar la impugnación a traslados durante el gobierno de Cambiemos, que en realidad también busca sacarse de encima a jueces probos que juzgan corrupción “k”. La típica incoherencia pseudo izquierdista o peor, porque usando los mismos argumentos, mañana se podría cuestionar todo lo que hagan ahora en esos traslados y así el caos sería total.

En la mayoría del proyecto no hay reordenamiento sino creación de nuevos cargos: cuando se trata de crear juzgados, tribunales y fiscalías, no proponen lo lógico –federalizar jueces nacionales- sino lo irracional: colocar allí a subrogantes, que subrogarían titulares que no existieron, algo que la Corte ya ha declarado inconstitucional.

Esto es la apoteosis de Justicia Legítima, integrada por los fanáticos “k” que postulan el disparate conceptual de “jueces militantes” y engrosada por jueces y funcionarios que no son “k”, pero simulan serlo con tal de llegar, mantenerse y ascender.

Ni hablar de la utopía económica de este proyecto: hay total falta de dinero, que mantiene muchos juzgados, tribunales y fiscalías en inactividad casi total… ¿seguirán así, o con la emisión, todo se podrá? ¿Qué dirá el FMI de este aumento del gasto público, en un país está acordando con sus acreedores pero está quebrado? Este proyecto aumenta el gasto público en una economía pulverizada por una cuarentena eterna.

Los otros blancos de este ataque son la Corte y el Consejo de la Magistratura.

Una Corte dividida en salas sería inconstitucional. Y el aumentarla se justifica solo si los nombramientos se difieren para el próximo mandato presidencial, demostrando con hechos y no palabras, que no se quiere influirla ahora, como hicieron todos los gobiernos del PJ desde 1945.

Por su parte, los cambios en el Consejo debieran ser simplísimos: equilibrio real entre su sector político (hoy dominante) y los profesionales abogados, jueces y académicos, hoy con un escaso poder de veto en algunos temas y nada más. Pero eso es justo lo que CFK no quiere y lo demuestran las leyes vigentes que convirtieron al Consejo en un anexo de la política.

En suma: un proyecto de reforma oscuro, mal intencionado, que empeorará al Poder Judicial y aumentará el gasto público sino generar absolutamente nada positivo para nadie. Salvo para los imputados de corrupción.

Inadmisible.

INVITADO
Dr. Alejandro Fargosi
Jurista