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viernes 25 de septiembre, 2020
Invitado

DR. CARLOS ROZANSKI. El malestar de la injusticia.

El malestar de la injusticia

Alrededor del 80 por ciento de los habitantes del país, descreen de su justicia. Esta es una cuestión visceral que trasciende largamente cualquier coyuntura política. Sería muy ingenuo pensar que una parte del Poder Judicial de un gobierno es corrupta, y la del anterior o el siguiente, sin que se hayan producido cambios estructurales, no lo es. En todo caso, lo que cambia no es la esencia de la institución, sino el comportamiento de sus miembros. Y ese comportamiento, varía de acuerdo al contexto. El Poder Judicial de nuestro país, tiene un fuerte sesgo aristocrático que lo ha caracterizado a lo largo de la historia. Es una particularidad trágica ya que su labor no está centrada sólo en el sector social que integra y representa, la clase alta, sino que sus decisiones afectan a la totalidad de la población, en la que la inmensa mayoría no tiene esa pertenencia privilegiada. Y así, en el interior del Poder más reaccionario del Estado, convive un sector de juezas y jueces, fiscalas y fiscales de gran calidad humana, con otro, que a lo largo de la historia acompañó los peores momentos del país, convalidando golpes de Estado o mirando para otro lado ante atrocidades que siempre los merodearon. Unos y otros integran desde siempre la conocida “familia judicial” magníficamente definida por María José Sarrabayrouse Oliveira. La autora citada la entiende “en función no sólo de las relaciones de consanguineidad, sino de la pertenencia a ciertos clanes o grupos de interés (e ideológicos) que conforman una malla de relaciones tejida a partir de lazos de amistad, camaradería, compañerismo, vecindad” (En “Usted también Doctor?”. Compilador J. P. Bohoslavsky). Abordar esa compleja realidad familiar, debería también ser una necesidad a satisfacer en la reforma. Ante esa posibilidad radica seguramente el mayor temor de quienes, desde la ultraderecha conservadora, se oponen a cualquier iniciativa como la de Alberto Fernández. Por otro lado, es paradójico que desde el sector institucional que más herramientas legales tiene para poner equilibrio en las relaciones sociales, se aumenten las desigualdades. Tal vez, la pertenencia de clase de la mayoría de sus miembros, explique parte de esa paradoja. Y es ante ese panorama que debe inscribirse cualquier reforma. Redistribuir competencias y ampliar el número de juzgados, es una iniciativa muy saludable. Transferir la justicia penal ordinaria a la ciudad de Buenos Aires, es, además, una obligación constitucional. En ese sentido, la propuesta debe entenderse como un comienzo de cambio y siempre con la disposición a profundizar la iniciativa en todo lo que apunte a una mejora real de la calidad de justicia. Respecto del Consejo de juristas creado para ampliar y enriquecer la propuesta, caben las mismas reflexiones. Se trata de abogadas y abogados sin duda notables y de un arco ideológico variado. Sería muy productivo que el Presidente de la Nación sumara a ese cuerpo, profesionales de disciplinas no jurídicas de las ciencias sociales. Ello por cuanto la compleja y magnífica labor de aportar propuestas para profundizar la reforma del poder judicial, debe efectuarse en un marco intelectual que excede el saber de una sola disciplina, en el caso el derecho. La complejidad de los comportamientos humanos y su encuadre en la vida de la comunidad, es sin duda una tarea multidisciplinar que se enriquece con el intercambio. Evitar la reproducción de modelos autoritarios y de saberes exclusivos en problemáticas que no lo son, va a disminuir sin dudas el malestar ante la injusticia que invade con frecuencia a la población, y es tal vez el desafío más grande del proceso de reforma en marcha.

INVITADO
Dr. Carlos Rozanski
Ex juez federal