Para los que venimos estudiando desde hace mucho tiempo y además integramos el sistema judicial, el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa el pasado 10 de diciembre fue una noticia muy estimulante. Su diagnóstico fue preciso y su horizonte se nutre de las premisas de nuestra Constitución Nacional. Es más, muchas de las ideas que narró el primer mandatario las escribí en “Injusticia” (Ariel 2018). De modo que el estímulo es doble, porque de algún modo la prédica de muchas personas que integramos el colectivo judicial fueron puestas en la cima de la agenda pública. Ello en mi mismo es muy importante, porque abre las puertas hacia una discusión que la democracia argentina se debe a sí misma: un debate franco y sin egoísmos sobre una justicia para la democracia.
No obstante, la palabra presidencial tiene un peso simbólico muy importante pero en sí misma carece de la capacidad de transformar la realidad. Una reforma judicial es muy compleja desde el punto de vista técnico, pero también desde el plano cultural.
Con respecto a la dimensión técnica, es evidente que los datos de la realidad imponen urgentes reformas legales. Por razones de espacio no puedo enumerar todas ellas, pero de todas maneras el rasgo que las debe distinguir tiene que ver con crear incentivos para que los buenos judiciales, que son la inmensa mayoría, sean reconocidos y premiados y para que los que no hacen bien las cosas tengan un costo. En efecto, acortar los tiempos de los juicios, acercar la justicia a los ciudadanos, cortar los lazos con actores no previstos ni queridos por la constitución como los empresarios, los servicios de inteligencia y los políticos, son algunos de los campos en los que la política con mayúsculas debe meter mano. Pero también el brazo reformador debe a abordar aspectos más pequeños, pero no menos importantes. Va solo un ejemplo. En el Ministerio Público del fuero federal; es decir, en las fiscalías que funcionan en Comodoro Py, recién a finales del año 2019 se comenzó a implementar el sistema de la huella digital para asegurar que todos los empleados cumplan la carga horaria de acuerdo con el reglamento de la justicia. Parece poco, pero es mucho. En general, cuando se habla de reformas se piensa en grandes cambios legales, pero se olvidan esos pequeños dispositivos que son los incentivos para premiar a los buenos y castigar a los malos. En la misma línea se inscribe la necesidad de reescribir la letra chica de los concursos para jueces y fiscales, para que la discrecionalidad de los jurados impida los maridajes que hacen que no siempre lleguen los mejores postulantes.
En lo que tiene que ver con la dimensión cultural el desafío es más arduo aún. En efecto, todos los ciudadanos deberíamos hacer un ejercicio de introspección y redefinir la relación que tenemos con la ley. No es posible que sigamos su letra con fanatismo cuando nos da la razón y tratemos de eludir su palabra cuando nos da la espalda. Pero además de ello, hace falta un gran componente de franqueza de la dirigencia política en sentido amplio. En efecto, el funcionalismo sociológico enseña que, más allá de reparos morales, cuando algunas instituciones se desempeñan de una manera distinta a los objetivos para los que fueron diseñadas, ello es porque alguien se beneficia con esa producción institucional. En otras palabras, es evidente que a un sector pequeño pero muy poderoso de nuestro país la actual crisis de la justicia le es remunerativa. Parte de la justicia argentina fabricó violencia e impunidad encerrando a los más pobres, fue complaciente con los delitos más sofisticados y produjo violencia contra adversarios políticos del gobierno de turno. Y esto no lo puede discutir nadie que tenga buena fe. El caso “D’Alessio” es un ejemplo vivo de ello, al igual que los traslados de jueces y fiscales junto a los hostigamientos que un sector del sistema judicial sufrió durante la administración de Mauricio Macri. Este lado cultural del diagnóstico presidencial ante el Congreso no se alimenta de reformas legales, sino que requiere la complicidad estructural de la dirigencia política con la Constitución Nacional a cuyo espíritu los funcionarios públicos prometimos o juramos lealtad. El paso del tiempo revelará si los argentinos conseguimos ubicar al sistema de administración de justicia dentro del programa constitucional del que un sector parece haber escapado.
Invitado
Fiscal Federal Federico Delgado
