El juez federal Sebastián Ramos determinó que la operación inmobiliaria que vincula a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López “se trata de una maniobra de lavado de activos”. Es por la transacción de un terreno de 3.200 metros cuadrados en Comodoro Rivadavia que comercializaron entre ellos.
El juez Ramos lo determinó luego de recibir documentación proveniente de Comodoro Rivadavia, ciudad de origen del dueño del Grupo Indalo y donde se encuentra el terreno investigado.
Báez y López están presos en la Cárcel de Ezeiza, en el Pabellón 6 e integran el programa que aloja a detenidos por casos de corrupción.
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