Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia firmaron el fallo en una resolución en la que además ratificaron el procesamiento de José López y Abel Fatala, entre otros exfuncionarios.
A todos los acusados se las fijaron embargos que van hasta los $250 millones.
En la causa se investiga el desvío de fondos de más de $200 millones entregados por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación para la construcción de viviendas sociales a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a través del programa «Sueños Compartidos».
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TRIBUNA ABIERTA