El drama venezolano demuestra que aun en el siglo XXI los fueros de los legisladores son necesarios para evitar que algún déspota los detenga y manipule las mayorías en el Poder Legislativo.
Nuestra Constitución dice claramente en su art. 69 que “Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.”
Esta sabia y escueta disposición está profundamente alterada por la ley Nº 25.320, violando la letra y espíritu de la Constitución, que no creó un privilegio para proteger a nadie sino que dio una garantía para la libertad deliberativa.
Esa ley pone barreras al arresto y al desafuero, que tienen el efecto de proteger a delincuentes y no a la decencia que debe imperar en el Congreso.
El art. 69 no incluye a funcionarios ni a magistrados, como incluye la ley 25.320.
La Constitución no exime a los congresistas de ser llevados por la fuerza pública para comparecer a una declaración indagatoria, como dice esa ley.
La Carta Magna no prohíbe el allanamiento de domicilio particular o de oficinas, como pretende la ley de fueros. Ni se exime de la intercepción de correspondencia y comunicaciones.
La Constitución no concede a la Cámara del investigado, los larguísimos plazos de la ley.
El art. 69 tampoco concede a los legisladores el derecho a rechazar el arresto pese a haber sido sorprendido in fraganti, ni impone mayorías casi imposibles como la de dos tercios.
Es lógico: la Constitución fue escrita para una república, en la que los funcionarios, incluso los elegidos por el voto popular, tienen más y no menos obligaciones que los simples ciudadanos.
Desgraciadamente, el paso del tiempo y la generalizada relajación de las costumbres que todos constatamos, permitieron que el Congreso se auto-obsequiase con privilegios incompatibles con la igualdad ante la ley.
¿Será derogada la ley de fueros y reemplazada por algo razonable, que proteja a los legisladores de los abusos y la persecución injusta, pero los mantenga sometidos a las leyes? Seamos realistas: es poco probable, porque ni siquiera prosperan iniciativas como la del diputado Waldo Wolff, que propone exceptuar de fueros a los delitos o procesos previos a la elección del imputado.
Por suerte, la Constitución ha previsto que quienes legislan tengan debilidades humanas y por eso, para aplicar las leyes con libertad y hasta para declararlas inconstitucionales, creó al Poder Judicial, con garantías remuneratorias, de estabilidad y de poder legal que les permiten ser realmente independientes.
Nuestra esperanza principal es que algún día un juez, una cámara y la Corte, sentencien la inconstitucionalidad de los inadmisibles privilegios que se dieron a sí mismos nuestros legisladores del año 2000 y volvamos a ser todos iguales ante la ley. O el Congreso será un aguantadero.
Por Alejandro Fargosi
