Lo acusan de organizar un falso operativo con policías de la Ciudad
El juez federal Sebastián Casanello procesó con prisión preventiva a Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, acusado de organizar un operativo falso, con la complicidad de policías, contra Francisco Hauque, un empresario al que le debía una importante suma de dinero.
Le impuso a Piccirillo un embargo por 100.000.000 de pesos.
La medida había sido solicitada por el fiscal Franco Picardi. En el caso, además, hay seis policías de la Ciudad y un ex PFA involucrados.
Carlos “El Lobo” Smith, un ex inspector de la federal, es uno de los principales apuntados. El ex policía recibió un embargo por el mismo monto que Piccirillo y la prisión preventiva.
Dentro de los procesados, se encuentra Carlos Helguero, quien se desempeñaba como jefe de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad que realizó el falso operativo en Recoleta, en el que los efectivos, según la acusación, le habrían plantado cocaína y un arma a Hauque.
Erika Luciana Arias, Eliana Guadalupe Britos, Víctor Adrián Alvarenga Duarte, Héctor Javier Saavedra, Facundo Adrián Ybarra, miembros de la brigada, también fueron procesados con prisión preventiva.
La lista la completa Leonardo Ariel Tedone, quien fue procesado, pero sin prisión. Todos los ex integrantes de la fuerza de seguridad porteña recibieron un embargo de 50.000.000 de pesos.
En el caso de Piccirillo, Smith y Helguero deberán responder como coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad con fines coactivos agravado por la participación de tres o más personas y, en el caso de Helguero, agravado por pertenecer a una fuerza de seguridad al momento de la comisión del hecho; encubrimiento agravado y transporte de estupefacientes agravado.
Piccirillo también fue procesado como autor del delito de portación ilegítima de arma de fuego de guerra y Helguero por incumplimiento de los deberes de funcionario público y como instigador de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público agravado por el abuso de funciones y falso testimonio agravado.
Al resto, los acusan de ser coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
